Albania, La Guajira, 5 de febrero de 2020

Cerrejón condena nuevos actos de intimidación y amenazas en contra de líderes sociales y pide a las autoridades iniciar investigación por los hechos denunciados

Cerrejón expresa su preocupación y condena frente a nuevos hechos intimidatorios y amenazas contra líderes sociales en La Guajira, dadas a conocer en el marco de las reuniones convocadas por la Mesa Interinstitucional del arroyo Bruno los días 31 de enero y 1 de febrero en La Guajira. Así mismo, rechaza toda acusación en la que se relacione a la Compañía, de manera directa o indirecta, con estos reprochables actos.

La Empresa no realiza ni aprueba este tipo de actividades pues, además de afectar los derechos de los líderes, intimida a las comunidades y va en contra de los principios corporativos de respeto al disenso y al diálogo, como mecanismo de solución de controversias. A pesar de contar con visiones diferentes, Cerrejón es respetuoso de las opiniones y puntos
de vista de los líderes en la región y reconoce la importancia de su rol de defensa de los derechos humanos en el territorio.

 

Siguiendo el protocolo definido por la Compañía, al conocer sobre la existencia de estos lamentables hechos Cerrejón ha solicitado a las autoridades competentes adelantar las investigaciones frente a este caso y tomar las medidas requeridas con el fin de proteger la vida e integridad de los líderes en la región. Ante la gravedad de las aseveraciones y la denuncia pública, la Empresa iniciará las investigaciones internas correspondientes y dará a conocer los resultados de las mismas a los miembros de la Mesa y a las autoridades.

 

Para Cerrejón, el respeto y promoción de los derechos humanos de sus empleados, contratistas y comunidades vecinas es una prioridad. Por tal motivo, la Empresa tiene cero tolerancia ante hechos como estos, compromiso consignado en su Política de Derechos Humanos, alineada con estándares internacionales. Igualmente, Cerrejón reitera su
compromiso con la Declaración Conjunta por la Vida, firmada en 2018, en la cual condena las amenazas contra la vida de líderes sociales y ratifica su compromiso de trabajar con el Estado y la sociedad civil en todo aquello que contribuya a la protección de los mismos en La Guajira.