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E-Newsletter octubre 2019

Inició proceso de consulta previa con las comunidades de Tigre Pozo y El Rocío

El pasado 18 y 19 de julio se dio inicio a la consulta con las comunidades de El Rocío y Tigre Pozo para identificar y compensar los posibles impactos causados por la desviación parcial del arroyo Bruno. Ya se ha avanzado en las etapas iniciales de definición de la metodología a seguir y se dará inicio este mes a las reuniones para la identificación de impactos y formulación de medidas de manejo. Entretanto, la empresa y las comunidades coordinaran encuentros que les permitan avanzar conjuntamente en la construcción de la matriz de impactos.

Estas dos consultas se dan en cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado de 2016 la cual solicitó adelantar un proceso consulta previa con la comunidad de La Horqueta 2 y verificar si los criterios que usó esta corte para definir la necesidad de consulta con esta comunidad también eran aplicables a otras comunidades (efecto intercomunis). El Ministerio del Interior identificó a estas dos comunidades.

Además de contar con los permisos necesarios, la empresa llevó a cabo en 2014 una consulta previa con la comunidad de Campo Herrera, identificada inicialmente por el Ministerio del Interior como la única afectada por el desarrollo de las obras al ubicarse aguas abajo del proyecto. En este proceso de consulta previa se lograron acuerdos sobre las medidas de manejo del proyecto y proyectos de fortalecimiento económico, cultural y medioambiental que actualmente están siendo implementados y monitoreados.

Por su parte, la consulta con la comunidad de La Horqueta 2 se adelantó durante más de 27 meses, se desarrollaron todos los espacios preconsulta, apertura, identificación de impactos y formulación de medidas de manejo y protocolización. A pesar del esfuerzo de las partes, no fue posible llegar a un acuerdo sobre las medidas de manejo referentes al componente socioeconómico y cultural, lo cual condujo a que la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior cerrara la consulta sin acuerdos el 15 de mayo de 2019.

En el marco de un trámite de verificación de cumplimiento que cursa actualmente ante el juez de primera instancia, la Magistrada convocó a Audiencia que se llevó a cabo el 22 de agosto de 2019, en la cual hubo acuerdo procesal de todos los intervinientes para utilizar el mes de septiembre para alcanzar acuerdos y en octubre será la etapa se desarrollará una nueva reunión de protocolización de los acuerdos que se alcancen.

Cerrejón es respetuoso del derecho a la consulta de las comunidades indígenas y considera fundamental contar con la participación de las comunidades en la toma de decisiones, por lo que mantiene conversaciones informadas y un relacionamiento permanente con sus representantes. La consulta es un recurso que tienen los grupos étnicos para proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación cuando de intervenir sus territorios se trata. La compañía ha desarrollado estos procesos cuando así lo han determinado las entidades competentes o decisiones judiciales. Cerrejón mantiene su disposición y compromiso de sostener un diálogo informado, constructivo y respetuoso con sus grupos de interés y reafirma su intención de trabajar sobre objetivos comunes, considerándolo el mejor camino para alcanzar acuerdos entre las partes.

Mejoras en las viviendas de los reasentamientos: Un trabajo conjunto

De acuerdo con el objetivo definido por reconocidos estándares sociales, los procesos de reasentamiento son entendidos como un mecanismo de último recurso y llevados a cabo para evitar posibles impactos causados por la operación minera que puedan afectar significativamente a las comunidades. Adicionalmente, son vistos como oportunidades para el mejoramiento de las condiciones de vida de todas las familias.

En el caso de los cinco reasentamientos llevados a cabo por Cerrejón (Roche, Patilla, Chancleta, Las Casitas y Tamaquito II) los paquetes de compensación acordados estuvieron enfocados en reponer los bienes (predios y mejoras), indemnizar por los impactos causados y a la vez, proveer infraestructura familiar y comunitaria, así como implementar programas para facilitar la transición a los nuevos poblados.

Elementos claves de este proceso fueron la escogencia del lugar del nuevo poblado, el diseño de las viviendas y su distribución en el territorio con la plena participación de las familias. Si bien las viviendas ofrecen las condiciones deseadas por las comunidades en cuanto a tamaño, distribución, acceso a servicios públicos, estilo y materiales, uno de los retos que hemos enfrentado ha sido la necesidad de realizar reparaciones de diferente grado de complejidad a un número de viviendas. Estas reparaciones han sido necesarias debido a que se presentaron algunos defectos en la construcción de las viviendas, así como el desgaste propio del uso. Estas intervenciones pueden clasificarse en mantenimientos, que obedecen a daños menores, y reparaciones, que son aquellas afectaciones de mayor envergadura.

Después de ofrecer varias alternativas a las comunidades para adelantar las actividades necesarias de reparación y mantenimiento, acordamos que la mejor opción para la realización de las obras era mediante el empoderamiento y la organización comunitaria, permitiéndoles a las familias ser gestoras de los procesos de mejora.

Es así como se logró la consolidación de dos acuerdos de infraestructura con dos Juntas de Acción Comunal y dos con empresas asociativas comunitarias, mediante las cuales se canalizan las solicitudes de la comunidad y con las que Cerrejón contrata las obras necesarias para la implementación de acciones preventivas y el mejoramiento de las viviendas de los reasentamientos. Las comunidades tienen libertad de adherirse al órgano comunitario que consideren más conveniente, derivando en un trabajo articulado y colectivo entre las cinco comunidades reasentadas.

A la fecha, se han intervenido 65 viviendas que han presentado fallas que van desde mantenimientos menores hasta reparaciones mayores y nueve más están siendo reparadas actualmente. Serán susceptibles de ambas modalidades de intervención las viviendas de Roche, Patilla, Chancleta y Tamaquito II, mientras que las de Las Casitas solo serán objeto de mantenimientos -en caso de que así sean diagnosticados- dada la novedad de su infraestructura (solo han pasado 5 años desde que la primera familia se mudó al nuevo poblado).

Los avances en estas intervenciones dependerán de los acuerdos que logren construirse entre la empresa y las comunidades, manteniendo siempre un diálogo constructivo y respetuoso entre las partes. Reconocemos que los procesos de reasentamiento representan importantes retos, pero también han significado importantes aprendizajes tanto para Cerrejón como para las comunidades, permitiéndonos articular los esfuerzos e intereses hacia el bienestar y mejoramiento de su calidad de vida.

Empresas y Derechos Humanos: la apuesta de la debida diligencia como parte de la gestión responsable

Por: Guillermo Fonseca. Presidente de Cerrejón

Cada vez es más claro, necesario y valioso que el sector empresarial conozca a profundidad el entorno en el que opera y entienda sus dinámicas, conflictos y retos. Dicho entendimiento es requerido para operar en contextos como el colombiano, donde las empresas que estamos presentes en los territorios, además de adelantar nuestra actividad económica, tenemos la obligación de generar valor social, mejorando las condiciones de vida y para ello nos relacionamos con diversas comunidades que agrupan, como en el caso de Cerrejón en La Guajira, a población urbana, rural, campesina, indígena y afrodescendientes. Muchas de estas viven en condiciones de vulnerabilidad y con bajo acceso a salud, educación, empleo y servicios básicos, situación a la que se suma la presencia de instituciones locales con enormes retos frente a su gestión gubernamental, manejo de recursos y desarrollo de capacidades.

Debido a esta misión de generar no solo valor económico sino social, empresas como la nuestra han empezado a entenderse como un actor más del territorio en el cual opera y a asumir los deberes y responsabilidades que esto implica. Ese rol va acompañado de una gestión empresarial responsable, respetando el medio ambiente, reconociendo los derechos de las comunidades y otorgando a nuestros trabajadores las mejores condiciones de seguridad laboral posible, todo con el fin de generar valor empresarial.

Operar de manera responsable se traduce en trabajar bajo dos grandes premisas. La primera de ellas es adelantar la actividad económica empresarial alineada con altos estándares sociales y ambientales, para la identificación y mitigación de los impactos y su compensación, cuando no se puedan prevenir. Así mismo, esto se traduce en la puesta en marcha de procesos de aseguramiento que permiten monitorear el desempeño corporativo e implementar acciones de mejora continua. Contar con estos sistemas de aseguramiento y auditoría interna sobre la aplicación de los estándares adoptados y propender por un relacionamiento proactivo, respetuoso y no transaccional, son apuestas que hoy por hoy se erigen como pilares de nuestra debida diligencia en derechos humanos. Por su parte, la segunda premisa, es desarrollar una inversión social que contribuya con la sostenibilidad del territorio a través de proyectos estratégicos, voluntarios y que promuevan el bienestar de la población local.

Los derechos humanos son la razón de ser de estas dos grandes premisas. Por una parte, la identificación y gestión oportuna de impactos y la remediación cuando estos se materializan equivale, bajo los principales estándares internacionales reconocidos, al respeto de los derechos humanos. Por la otra, la puesta en marcha de inversión social tiene como fin contribuir a la realización de derechos básicos y esenciales para todas las personas, como el acceso a la salud, la educación, el trabajo, la cultura, entre otros.

Los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, principal estándar internacional en la materia, establecen cuáles son las responsabilidades de los Estados y de las empresas en este frente.

El Estado debe proteger y garantizar los derechos humanos, mientras que las empresas debemos respetarlos en nuestras áreas de operación.

Ese mismo lineamiento establece que para concretar el respeto a los derechos humanos, las empresas debemos asumir esta responsabilidad de forma estructurada y sistemática, incorporarla en el día a día de la operación y poner en marcha un proceso de debida diligencia. Este implica: contar con una política como compromiso público en esta materia; identificar riesgos e impactos que puedan vulnerar los derechos al medio ambiente y a las personas, incluyendo a los trabajadores; conocer cuáles son los impactos reales o percibidos que existen entre las comunidades para gestionarlos de la manera más acertada; e identificar y definir las medidas que prevengan la materialización de riesgos.

No menos importante es contar con un mecanismo de quejas corporativo que permita que todo aquel que se sienta afectado por la operación cuente con un canal al cual acudir para exponer sus quejas de forma asequible, legítima, transparente, culturalmente apropiada y que retroalimente nuestra gestión de riesgos e impactos, así como la calidad del relacionamiento con nuestros vecinos. Finalmente, y como señalé anteriormente, este proceso de gestión interna requiere de un ejercicio de seguimiento y aseguramiento a las medidas definidas e implementadas bajo un sistema de mejora continua que permitan hacer los ajustes requeridos.

La experiencia en la puesta en marcha de procesos de debida diligencia en derechos humanos ha sido un proceso de aprendizaje corporativo que ha llevado a empresas como Cerrejón, a comprender que lo declarado en su compromiso público o política constituye un baluarte del relacionamiento con comunidades y que la identificación, prevención y mitigación de impactos pasa por procesos operacionales complejos. Igualmente, estos procesos nos han permitido entender que las afectaciones muchas veces suelen ser visibles solo a partir del diálogo con las comunidades; que reparar una afectación constatada es parte de un proceso de gestión responsable con el territorio; y que la mejora continua en el desempeño en derechos humanos hace parte del negocio, como cualquier proceso de gestión empresarial.

Entender el entorno y actuar de manera responsable frente a él, es como desde Cerrejón gestionamos la generación de valor empresarial. El respeto a los derechos humanos se constituye como una premisa de esa generación de valor. Inversionistas, clientes, gobiernos, sociedad civil y comunidades ven el respeto de los derechos humanos como una variable de competitividad de alto valor en un mundo en el cual, la movilización social, el consumo responsable y el medio ambiente son asuntos que cada vez más determinan la dinámica económica y empresarial. Y por supuesto, para empresas como Cerrejón, desde esa perspectiva, la debida diligencia en derechos humanos es necesaria para el entorno, para la sostenibilidad y confianza de terceros en nuestra empresa, así como para promover el goce de los derechos de nuestros colaboradores y comunidades vecinas.

Tejiendo oportunidades para la guajira y sus comunidades

En Cerrejón además de estar comprometidos con la identificación, prevención, mitigación y compensación de impactos asociados a toda la operación, implementamos proyectos de inversión voluntaria con miras a la promoción del mejoramiento de la calidad de vida y la contribución al desarrollo regional, a través de un relacionamiento significativo y permanente con las comunidades vecinas a la operación. Estas acciones son desarrolladas de la mano de la Fundación Cerrejón, que reúne la experiencia de un equipo humano comprometido con el desarrollo de La Guajira.

Una de las líneas de acción de nuestra inversión social es el fortalecimiento de capacidades de las entidades locales y las comunidades. Con este último, hemos dedicado esfuerzos por más de 14 años para fortalecer la actividad artesanal, una de las principales vocaciones de las comunidades indígenas.  La Guajira es uno de los departamentos de Colombia que más alberga poblaciones indígenas (44%, mayoritariamente wayuu) y una de sus actividades icónicas tanto económica como culturalmente son las artesanías elaboradas a partir de los saberes ancestrales de estas comunidades. A diferencia de otras actividades económicas que dependen de la cantidad de agua disponible durante el año, la actividad artesanal representa una oportunidad ya que puede ser desarrollada durante todo el año.

A través de la Fundación Cerrejón, se busca posicionar el arte tradicional como un renglón económico que contribuya a mejorar los ingresos de las comunidades indígenas.

En los últimos diez años el programa ha apoyado a 96 grupos artesanales aliados que agrupan a 3.252 artesanos de las etnias Wayuu y Wiwa y ha contado con el apoyo de importantes aliados públicos y privados como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fundación Creata y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). En enero de este año, la Fundación Cerrejón recibió de Artesanías de Colombia el Premio Medalla Artesanal 2018 en la categoría de fomento, como un reconocimiento al trabajo que ha venido desarrollado en este frente.

Testimonio Mabel Vega, maestra artesana de la etnia Wiwa.“Para mí ha sido muy importarte transmitir este conocimiento a las distintas generaciones; esta costumbre se estaba perdiendo y ya no era vista como un modo de subsistencia, ahora hemos logrado rescatar su importancia, la cual nos identifica como etnia y nos permite satisfacer nuestras necesidades”.

Bajo este programa se patrocina la participación de las artesanas en diferentes ferias en todo el país. La más reciente fue la asistencia a la feria Expoartesano 2019d en Medellín. Los resultados de este encuentro fueron significativos con respecto al año anterior, evidenciando 85% de aumento en las ventas, que dan cuenta de un gran avance en el proceso de producción y en la estrategia de ventas de estos grupos artesanales.

Tania González, artesana de la comunidad de Riritana, en Maicao, manifestó: “Este ha sido un proceso de formación y aprendizaje junto a la Fundación, el cual nos ha permitido perfeccionar nuestras técnicas de tejido y manufactura. La experiencia que estamos viviendo aquí será replicada en nuestras comunidades para afianzar habilidades y seguir trabajando en beneficio de nuestra comunidad”.

Según Artesanías de Colombia, entidad adscrita al Ministerio de Cultura, el 83,8% de los artesanos que participan en este programa reciben ingresos mensuales cercanos a 250USD y el 86,6% de ellos se dedica exclusivamente a este oficio, es decir, depende directamente de la comercialización de sus artesanías.

Con el Programa de Fortalecimiento Artesanal, la Fundación Cerrejón, busca contribuir al robustecimiento del sector y a la implementación de buenas prácticas alrededor del mismo mediante la formación de capital humano y la consolidación de alianzas para el mejoramiento de su cadena productiva y comercial, en tanto, esto se traduzca en generación de ingresos para las comunidades y en la preservación de usos y costumbres tradicionales.

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