Cerrejón responde a informe de la ONG Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

14 de julio de 2023. El pasado 20 de noviembre, la ONG Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) publicó el informe "Cuando la impunidad se convierte en paisaje: 12 ejemplos de impunidad empresarial de multinacionales del carbón en La Guajira", buscando hacer un llamado "al gobierno nacional para que cumpla con el mandato constitucional de defender la vida y los derechos humanos por encima de las ganancias, y sea consecuente con su compromiso de descarbonización y transición energética respetuosa de los derechos humanos y de la naturaleza".

Con el objetivo de contribuir a informar a la opinión pública y contextualizar los complejos temas relacionados con el desarrollo sostenible de La Guajira, queremos hacer claridad sobre algunas de las imprecisiones y acusaciones encontradas en el informe.

Inicialmente, queremos aprovechar esta oportunidad para mencionar que el Cerrejón es respetuoso de la legislación colombiana y de sus instituciones y está comprometido con el cumplimiento de las normas y dictámenes. Por lo tanto, es importante aclarar que los señalamientos dirigidos a las instituciones gubernamentales sobre su responsabilidad en la protección de los derechos humanos y en la realización de dictámenes, estudios e informes son ajenos a la responsabilidad de Cerrejón, por lo que considera necesario consultar con las autoridades gubernamentales.

Nuestro respeto por los derechos humanos es una parte importante de todas nuestras actividades. Este compromiso se formaliza en nuestra política de Derechos Humanos, publicada por primera vez en 2005 y reformulada en 2011 para alinearla con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP por sus siglas en inglés), así como con nuestra Política de Gestión Social. En este proceso hemos ido implementando continuamente normas, como los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, los estándares de desempeño de la Corporación Financiera Internacional y el Marco de Sostenibilidad del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), entre otros, y contamos con un sistema para garantizar su cumplimiento a través de la supervisión interna y externa.

De acuerdo con estos principios, cumplimos con nuestras obligaciones legales y sociales de manera responsable y diligente y buscamos agregar valor a nuestros grupos de interés y a las comunidades de nuestra área de influencia en la búsqueda de sus propios objetivos, incluyendo el desarrollo sostenible de La Guajira con respeto a los derechos humanos.

En relación con los 12 casos mencionados en el informe, nos gustaría mencionar lo siguiente:

1. Estado de la Sentencia de la Corte Constitucional T-704 de 2016.

Rechazamos firmemente la afirmación de que hemos estado "realizando consultas previas sin el consentimiento de la comunidad y la evasión de un carácter vinculante y decisivo, que sigue negando su participación real".

En cumplimiento de lo estipulado en la Sentencia T-704 de 2016 de la Corte Constitucional, estamos llevando a cabo los procesos de consulta e implementando las compensaciones y proyectos acordados. La ardua tarea de llevar a cabo las consultas con más de 400 comunidades indígenas y afrodescendientes exigió a la compañía realizar los preparativos pertinentes, que se vieron ralentizados por la pandemia. Sin embargo, una vez reanudadas las actividades en 2021 se han logrado avances significativos. A junio de 2023, se han formalizado 309 acuerdos con comunidades indígenas de nuestra área de influencia, y otros 42 están en proceso. Además, las autoridades gubernamentales han concluido formalmente 203 procesos de consulta, luego de entregar las medidas de mitigación y compensación acordadas. Al 29 de junio de 2023, se han ejecutado más de 1,993 proyectos en 7 líneas de inversión: Infraestructura para soluciones de agua, Infraestructura para educación, Infraestructura para saneamiento básico, proyectos de generación de ingresos para las comunidades, infraestructura para beneficio general de la comunidad, proyectos de protección cultural y apoyo a matrículas educativas.

Cerrejón es consciente de su responsabilidad de cumplir con los requisitos legales establecidos en la Sentencia T-704 pero también considera estas consultas como una oportunidad para la generación de valor social. La firma de estos acuerdos y la implementación de acuerdos liderados por las mismas comunidades es el resultado de un esfuerzo conjunto para generar confianza y promover la conservación y el bienestar de estos grupos étnicos.

Cerrejón es respetuoso de la decisión de estas comunidades de contar con la asesoría legal y técnica de su elección durante el proceso. Estos procesos consultivos son acompañados por garantes locales, regionales y nacionales, así como por organismos de control, quienes asisten a las reuniones convocadas por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior.

En el marco de sus propios proyectos y en cumplimiento de sentencias judiciales, Cerrejón ha participado en procesos de consulta que se han alineado con los lineamientos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley 21 de 2001, la Declaración de Posición sobre Pueblos Indígenas del ICMM, la CFI de 2012, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, las Directivas Presidenciales 1 de 2010, 10 de 2013 y 8 de 2020 y la jurisprudencia constitucional colombiana.

2. Estado de la desviación parcial del arroyo Bruno. Sentencia SU-698 de 2017

Celebramos la oportunidad de compartir la forma en que se llevó a cabo este proyecto y los logros que ha alcanzado. Cinco años después de llevar a cabo la modificación de su cauce, el arroyo Bruno se ha convertido en un corredor de biodiversidad con más de 390 especies de fauna y miles de árboles pertenecientes a más de 70 especies autóctonas de bosque seco tropical.

La quebrada Bruno, cuerpo de agua estacional que reduce su caudal durante las épocas secas del año, tiene 22 kilómetros de longitud y es el sexto afluente del río Ranchería y el undécimo cuerpo de agua del departamento de La Guajira en orden de importancia. El tramo desviado tiene una longitud de 3,6 kilómetros, el cual fue desplazado en una longitud máxima de 700 metros hacia el norte, con respecto al cauce original.

Desde la entrada en funcionamiento del nuevo canal, se han realizado monitoreos hídricos (superficiales y subterráneos) en la zona y, según datos del IDEAM, se ha confirmado que la cantidad de agua que fluye actualmente es equivalente a la que fluía por el antiguo canal antes de la modificación. Además, se evidencia que no hay afectación a las aguas subterráneas ni superficiales de la cuenca del arroyo. El monitoreo de flora y fauna también ha demostrado la presencia en la zona de 380 especies acuáticas, 46 especies de peces, 66 especies de hormigas, 42 escarabajos peloteros, 125 especies de mariposas, 19 especies de anfibios, 46 especies de reptiles, 218 especies de aves y 51 especies de mamíferos. Las comunidades de El Rocío y Tigre Pozo, que viven aguas arriba del desvío, siguen utilizando el arroyo Bruno como lo hacían antes del desvío. Se han beneficiado de los proyectos que formaban parte del Plan Integral de Compensación del desvío, mediante actividades de conservación y protección de propiedades en la cuenca alta y media del arroyo Bruno.

El proyecto estableció realizar una consulta previa con la comunidad Wayuu de Campo Herrera, la única comunidad aguas abajo definida por el Ministerio del Interior como potencialmente impactada por el desvío debido a su pesca esporádica de subsistencia. La consulta finalizó en 2014 y se cerró en 2022 con un cumplimiento del 100% de los acuerdos alcanzados. Además, el Consejo de Estado exigió realizar la consulta a tres comunidades aguas arriba: 1) La Horqueta: se llegó a un acuerdo en 2020 estableciendo compromisos de entrega de tierras para permitir la ampliación de su territorio, apoyo a un proyecto productivo tradicional, creación de un vivero comunitario y seguimiento al proyecto a través de veedurías comunitarias, 2) El Rocío: se llegó a un acuerdo en 2022 estableciendo la selección de vigía ambiental para el seguimiento a las actividades de rehabilitación, participación en planes de compensación ambiental, apoyo a proyectos de sustento ganadero e implementación de un programa de fortalecimiento cultural están en ejecución, y 3) Tigrepozo: la consulta está en curso.

Además, a lo largo del proyecto, más de 7.000 personas han visitado el tramo modificado del cauce del arroyo Bruno y han podido comprobar su correcto funcionamiento.

La participación de las comunidades ha sido muy importante en este trabajo, siendo aliadas del proyecto de manera voluntaria y sin intimidaciones. Cerrejón, Corpoguajira y 37 familias de las comunidades de Tigre Pozo y El Rocío trabajan en la conservación de 259 hectáreas de bosque ubicadas dentro de la cuenca media y alta de la quebrada Bruno. En esa área, la compañía ha plantado más de 33.500 árboles. Estos procesos de restauración contribuyen a la conexión de ecosistemas estratégicos como la Sierra Nevada de Santa Marta, Montes de Oca y Perijá.

Además, como parte de la relación de Cerrejón con la comunidad de La Hoqueta, Cerrejón ha capacitado a la comunidad en la producción y comercialización de plantas nativas en un vivero comercial, lo que ha ayudado a las familias de La Hoqueta, Campo Herrera, Cerrejón 1 y Coveñas a generar ingresos a través de la asociación "AWAVICHOR".

3. Estado de las Sentencias de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de mayo de 2002 y sentencia de la Corte Constitucional T-329 de 2019 sobre la comunidad de Tabaco.

Cerrejón ha mantenido una participación activa en el comité encargado del seguimiento de los acuerdos con el Municipio de Hatonuevo y el Comité Social de Tabaco. A la fecha, Cerrejón se encuentra a la espera de la construcción del centro comunitario, así como de los trazados viales, sin embargo, la comunidad ha decidido que ambas acciones se ejecutarán solo después de que se inicie la construcción de la vereda.

En 2017, la Corte Constitucional reconfirmó las decisiones tomadas por la Corte Suprema de Justicia que establecían que el municipio de Hatonuevo era el responsable de la construcción de las viviendas en el lote seleccionado por la comunidad y comprado por Cerrejón, donado al municipio para este fin. También ordenó que los miembros del fondo rotatorio de Tabaco revisaran la situación de los créditos que gestionan.

Aunque tenemos conocimiento de que los representantes de Tabaco emitieron un comunicado en octubre de 2020 haciendo nuevas solicitudes al Cerrejón por considerar que el alcance de la sentencia es diferente y la indemnización entregada por Cerrejón en dos ocasiones a todas las familias tabacaleras en el pasado es insuficiente, el Cerrejón reafirma su compromiso de continuar trabajando con la comunidad para dar cumplimiento a la Corte Constitucional en la sentencia T-329 y participa activamente en el Comité de Seguimiento creado por la Corte Constitucional. A la fecha se ha avanzado ampliando el número de voceros de la comunidad, de un representante legitimado a nueve y apoyando el proceso en curso para caracterizar el número de beneficiarios del proyecto.

Actualmente, seguimos hablando con todas las partes implicadas para encontrar una solución que satisfaga a todos sobre la base de las decisiones judiciales.

4. Acción de tutela interpuesta por Luz Angela Uriana de la comunidad indígena Wayuu Provincial en relación con la salud de su hijo menor Moisés David.

La demanda fue desestimada judicialmente por el Juez alegando que no existían pruebas que demostraran que era la explotación minera la que afectaba a la salud del menor. El Juez sí solicitó a la institución médica responsable del caso que prestara con diligencia los servicios sanitarios requeridos. Cabe mencionar que Cerrejón ofreció ayuda para facilitar la atención a Moisés, pero la familia optó por no aceptar este ofrecimiento.

5. Estado de la sentencia T-614 de 2019 sobre resguardo indígena Provincial

La sentencia T-614 de 2019 de la Corte Constitucional no determinó que existieran afectaciones a la salud del resguardo indígena de Provincial por la operación minera del Cerrejón, pero ordenó a la compañía y a varias autoridades públicas implementar medidas adicionales en materia de estrategias de prevención y mitigación de la contaminación del agua, el aire y otras formas de contaminación.

Reconociendo las condiciones específicas de la comunidad de Provincial, la Corte Constitucional ordenó a Cerrejón implementar medidas adicionales para prevenir impactos en la comunidad de Provincial incluyendo: prevenir la contaminación de las fuentes de agua, disminuir los niveles de ruido, realizar actividades de limpieza en las viviendas, pozos de agua y vegetación alrededor de la comunidad, mejorar las emisiones de material particulado, implementar un estándar de calidad del aire acordado con la comunidad de Provincial y monitorear las vetas encendidas en un radio de cinco kilómetros alrededor de la Reserva.

Cerrejón ha cumplido estas órdenes y hasta la fecha ha logrado:

• Completado el diseño y la instalación de una red de vigilancia de las aguas subterráneas con 13 estaciones a lo largo del río para analizar la calidad y los niveles de las aguas subterráneas del río Ranchería.
• Finalizar la construcción de canales perimetrales adicionales para la gestión del agua en la cara interna del vertedero que linda con la fosa de Patilla y un canal de descarga del embalse de Patilla.
• Para no superar los 65 decibeles durante el día ni los 55 por la noche, se decidió dejar de utilizar el vertedero de Patilla, que era el más cercano a la comunidad Provincial. Además, se instaló una estación de control del ruido ambiental en tiempo real en la Reserva.
• Para reforzar el control de las emisiones en el tajo Patilla, el más cercano a Provincial, se incrementaron las actividades para humedecer las rutas mineras y para la circulación de equipos livianos, se instalaron nuevos cañones de agua y se ha acelerado el proceso de rehabilitación de terrenos en el tajo Patilla.
• Para controlar la combustión espontánea del carbón, que produce olores que molestan a la comunidad, Cerrejón ha tomado medidas preventivas, como el sellado periódico de los filones con betún, y medidas correctoras, como el uso de maquinaria para apagar incendios, el uso de relleno en el interior del pozo y el control de la combustión espontánea mediante el adelanto de la extracción.

La implementación de las medidas de limpieza de viviendas, reservorios de agua, cultivos y zonas aledañas al resguardo, así como la definición de la norma definitiva de calidad del aire que aplica para esta comunidad, requirió la concertación con la comunidad, alcanzada en marzo de 2021 con todas las familias de Provincial, las Autoridades Tradicionales, el Gobernador del Cabildo y Cerrejón, en el marco de los usos y costumbres de la etnia Wayuu, respecto de las obligaciones exigidas por la Sentencia T-614 de la Corte Constitucional.

Además de cumplir con las órdenes del fallo, Cerrejón y la comunidad de Provincial llegaron a un acuerdo para implementar actividades y proyectos adicionales que incluyen: una extensión del programa de limpieza por 3 años adicionales hasta el 2024, el apoyo a un vivero que actualmente provee más de 180.000 plantas por año al programa de rehabilitación de tierras del Cerrejón y emplea a 70 personas en el proceso de siembra, y la construcción de un centro de salud dentro de su comunidad, que será inaugurado en abril de 2023, construido directamente por la comunidad con base en sus diseños que comprenden medicina occidental y tradicional, y totalmente equipado por el Cerrejón.

Cerrejón también ha cumplido a cabalidad con los acuerdos voluntarios alcanzados con el Gobernador del resguardo y sus autoridades tradicionales, y reconoce y respeta que los representantes de algunas familias manifiestan opiniones diferentes dentro de su grupo frente a los acuerdos alcanzados.

6. Estado de la demanda contra la legalidad de la autorización ambiental presentada ante el Consejo de Estado.

Como se menciona en el informe, esta demanda aún no ha sido resuelta por el Consejo de Estado, por lo que Cerrejón prefiere no hacer comentarios sobre un procedimiento judicial activo.

7. Acción de tutela por la reclamación del desvío del río Ranchería. Sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, del 13 de septiembre de 2012.

Cabe aclarar que el proyecto asociado al desvío del río Ranchería no se llevó a cabo y no se ha solicitado licencia ambiental para tal fin. En ese sentido la consulta previa fue suspendida por el Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior en 2012.

8. Estado de la sentencia T 256 de 2015 respecto de las comunidades de Patilla y Chancleta.

Cerrejón participó en las negociaciones con las comunidades de Patilla y Chancleta para reasentar a 46 y 51 familias respectivamente. Las familias de ambas comunidades se trasladaron a los nuevos sitios después de llegar a acuerdos. Sin embargo, mientras continuaban las negociaciones, familias de estas comunidades interpusieron demandas de tutela que incluían también a ocupantes ilegales que llegaron después de que se hubiera iniciado el proceso de reasentamiento y que no habían sido elegibles para el reasentamiento. Antes de la adjudicación de la tutela, Cerrejón ya había llegado a un acuerdo con 57 de las 58 familias de estas dos comunidades.

El proceso de consulta se realizó en 2016 y el acuerdo se formalizó el 14 de diciembre de 2016, llegando a un acuerdo con 60 de las 62 familias que entregaron sus parcelas y abandonaron sus emplazamientos originales. Todas las compensaciones a las familias han sido entregadas en su totalidad. Las dos familias que no firmaron el acuerdo fueron objeto de una decisión de un tercero, el juez de Barrancas. El juez dictaminó que las dos familias que no firmaron el acuerdo debían aceptarlo. Así, a principios de 2017 finalizó el proceso de consulta. El proceso de consulta fue verificado por la autoridad de consulta previa en Colombia y concluyó que todos los acuerdos se cumplieron.

Por tanto, no queda claro por qué el CAJAR afirma que, a día de hoy, esas familias consideran que no se ha cumplido la sentencia.

9. Dictamen de situación del Consejo de Estado de 13 de octubre de 2016 sobre la consulta a La Horqueta en relación con el Desvío del arroyo Bruno.

Los detalles sobre la consulta y los acuerdos alcanzados con La Horqueta figuran en el punto 2 anterior.

10. Declaratoria del Estado de Asuntos Inconstitucionales en relación con la garantía de los derechos fundamentales de los niños y niñas del pueblo Wayuu a través de la Sentencia T-302 de 2017.

Esta declaración no se aplica al Cerrejón y se dirige a las autoridades gubernamentales y a su deber de proteger los derechos de los niños wayuu.

11. Acción de tutela a favor de las comunidades de Caracolí y Espinal. Sentencia T 528 de 1992

Según la acción de tutela, es importante mencionar que la sentencia no incluye órdenes al Cerrejón, ni tenemos obligaciones pendientes que cumplir. Por lo tanto, no nos es posible pronunciarnos.

12. Mecanismos extrajudiciales a nivel internacional

a. Comunicación urgente ante los procesos de relatoría de la ONU

Cerrejón respondió diligentemente a la petición del relator de la ONU de información detallada sobre nuestras políticas en materia social, medioambiental y de derechos humanos, nuestras prácticas y procesos de prevención, mitigación o compensación de impactos, nuestro compromiso con las comunidades circundantes y, en concreto, sobre la situación de la comunidad indígena Provincial.

Además, como ya expresamos en nuestra respuesta pública al comunicado de prensa de la ONU, queremos reiterar nuestra disposición a mantener un diálogo abierto, respetuoso y constructivo sobre las preocupaciones que se expresaron entonces.

La respuesta pública de Cerrejón se puede encontrar aquí.

b. Queja al OECD

Con respecto a este reclamo, cabe aclarar que el PNC suizo ofrece sus servicios para facilitar una mediación entre las partes. Los accionistas de Cerrejón participaron en la elaboración de los términos de referencia por parte del PNC suizo y manifestaron su voluntad de participar en una mediación, siempre que los términos de referencia fueran aceptables para todas las partes. Se programó una primera discusión de mediación centrada en los términos de referencia, de la cual los reclamantes se retiraron con poca antelación, luego de lo cual, en agosto de 2022, los reclamantes se retiraron del proceso antes de cualquier discusión directa con los antiguos accionistas de Cerrejón y Glencore.

Es pertinente señalar que el PNC suizo emitió una declaración final en octubre de 2022. No realizó ninguna investigación en relación con los alegatos de los reclamantes. En cambio, recomendó que Glencore mantuviera un diálogo con los interesados y asegurara que sus políticas y medidas de diligencia debida fomentaran una conducta empresaria responsable en Cerrejón. Glencore acepta estas recomendaciones, que están en consonancia con las prácticas empresariales establecidas.

Puede consultar la declaración del PNC suizo aquí