Cerrejón informa 

16 de agosto de 2019. La compañía ha sido notificada sobre la interposición en su contra de una demanda de nulidad simple que busca dejar sin efectos legales el Plan de Manejo Ambiental Integrado (PMAI) de Cerrejón y, por tanto, el cierre definitivo e inmediato de la operación. Esta acción es promovida ante el Consejo de Estado por parte de dos miembros de dos comunidades de La Guajira (Paradero y Gran Parada), cuatro ONG nacionales (Fuerza de Mujeres Wayuu, CINEP, CAJAR y CENSAT) y tres congresistas de los partidos políticos Coalición Lista de la Decencia, Polo Democrático Alternativo y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Aída Avella, Iván Cepeda y Feliciano Valencia). La demanda también incluye en calidad de demandados a la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.

En términos generales, los argumentos de la demanda giran en torno a (i) falta de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, (ii) afectación al recurso hídrico y al medio ambiente de La Guajira, lo que ha generado crisis alimentaria y vulneración de derechos fundamentales de la población, especialmente de los niños, (iii) desconocimiento del derecho de participación de la población en general y, en especial, del derecho a consulta previa de las comunidades indígenas, y (iv) la falta de prevención adecuada de los impactos que genera la actividad minera en el medio ambiente.

De manera adicional, los demandantes solicitaron la adopción de medidas cautelares, que buscan que mientras se resuelven de manera definitiva las pretensiones, se prohíba cualquier modificación del PMAI que implique expansión de la operación y se impida la explotación de carbón en áreas cercanas a comunidades, por supuesta violación a los derechos a la salud, vida, agua, dignidad y participación. Para la toma de esta decisión, el Consejo de Estado tiene un plazo de diez días hábiles.

En más de tres décadas de operación, Cerrejón ha desarrollado sus operaciones de buena fe, cumpliendo la normatividad colombiana aplicable y bajos los lineamientos, trámites y procedimientos establecidos por las autoridades competentes. Asimismo, siendo pionero en Colombia, Cerrejón ha venido acogiendo de manera voluntaria reconocidos estándares internacionales, los cuales en varios casos exceden los requisitos de ley y demuestran el compromiso de la empresa con la prevención y mitigación de sus impactos, así como el respeto de los derechos humanos de sus empleados, contratistas y comunidades vecinas.

Cerrejón rechaza los cuestionamientos contenidos en la demanda, que pretenden hacer ver que la empresa ha obtenido sus contratos, licencias y autorizaciones de manera ilegítima, así como confundir a la opinión pública y a las comunidades del departamento presentando a la compañía como responsable de los retos económicos, sociales y ambientales que enfrenta hoy La Guajira. Estos cuestionamientos ponen en entredicho la institucionalidad de un país, afectan de manera grave la seguridad jurídica, no solo para Cerrejón sino para la industria en general, y causan pérdida de competitividad en el sector privado, que es el motor de desarrollo de la economía nacional.

Cerrejón seguirá en la ruta de asegurar una operación responsable y respetuosa, que genere valor económico, social, ambiental e individual, en La Guajira y el país y trabajará en la construcción de alianzas, que se enfoquen en lo que nos une y no en lo que dispersa y separa. Hacemos un llamado a todos los sectores, a la opinión pública, al pueblo guajiro, a nuestros empleados, contratistas, proveedores, autoridades, medios de comunicación y sociedad civil, para que lejos de ideologías y posturas políticas, trabajemos en el desarrollo de un territorio que requiere de esfuerzos articulados para promover proyectos estratégicos y sostenibles en beneficio de la región.

Cerrejón respeta las instituciones colombianas y acatará las decisiones que estas tomen en el marco del proceso señalado. En ejercicio del legítimo derecho de defensa, contestará esta demanda con sustento en hechos y pruebas que evidenciarán la legitimidad de su operación. La compañía mantiene su disposición al diálogo y su trabajo responsable alrededor de la búsqueda de oportunidades de mejora de su desempeño.