Cerrejón no desinforma, rechaza amenazas a líderes comunitarios e invita al diálogo

5 de septiembre de 2019. Como fue informado por la compañía el pasado 16 de agosto, Cerrejón fue notificado sobre la interposición de una demanda ante el Consejo de Estado, cuya pretensión principal y solicitud de medidas cautelares, dicen textualmente:

Pretensiones

“1. Que se declare la nulidad del acto administrativo (…), que autoriza la explotación de carbón a cielo abierto, transporte y operación portuaria de la empresa transnacional Carbones del Cerrejón Limited, por los vicios graves en su proceso de expedición, modificación y control y seguimiento”

Medidas Cautelares “(…) En este sentido, solicitamos las siguientes medidas cautelares:

(…) se prohíba la expedición de nuevos actos administrativos modificatorios de la Licencia Ambiental con el fin de prevenir daños y arbitrariedades (…).

(…) Que se suspenda provisionalmente la explotación de carbón a cielo abierto y demás actividades de operación en cercanías a comunidades aledañas, por encontrarse en flagrante vulneración de los derechos a la salud, vida, agua, dignidad y participación”.

(…) Que en virtud del principio de precaución, se tomen las acciones necesarias para impedir mayores afectaciones en la salud pública y la seguridad alimentaria (…)”.

La compañía enfatiza en que la divulgación de información alrededor de la demanda, su alcance y las posibles consecuencias que se pueden derivar de la misma no ha tenido como fin desinformar a la opinión pública, ni generar pánico económico, como algunos han manifestado públicamente. El propósito de Cerrejón es obrar de manera transparente y responsable frente más de 12.000 empleados, sus familias, las comunidades de La Guajira y el país, quienes se verían impactados por las pretensiones de los demandantes.

Del texto de la demanda se desprende que en caso de decretarse medidas cautelares como la de suspensión o prohibición de modificación, o de emitirse un fallo que eventualmente acoja las pretensiones de los demandantes y declare la nulidad del Plan de Manejo Ambiental Integrado (PMAI) de la compañía, se daría una suspensión parcial o total de actividades, dado que se perdería temporal o definitivamente la autorización para operar.

Cerrejón está convencido de la legalidad, legitimidad y validez de su PMAI, ya que el mismo ha sido tramitado, otorgado, actualizado y vigilado por las autoridades competentes, dentro del marco que establece la ley colombiana. Así mismo, de manera voluntaria se ha acogido a estándares adicionales a la ley, en desarrollo de los cuales, se somete de manera periódica a auditorías con organismos técnicos internacionales, que miden su nivel de cumplimiento.

La empresa públicamente reitera que, en ejercicio de su derecho a la defensa, al trabajo y al buen nombre, actuará dentro de este proceso con toda rigurosidad y bajo el amparo de la ley y la Constitución y brindará información suficiente y oportuna a sus diferentes grupos de interés.

Ante información recibida de presuntas amenazas a líderes comunitarios relacionadas con esta demanda, Cerrejón reitera que respeta el derecho de los ciudadanos y las organizaciones a expresar de manera libre sus opiniones y a utilizar los mecanismos judiciales establecidos para manifestar su disenso y solicitar la revisión de los derechos que consideran vulnerados. En consecuencia, Cerrejón condena cualquier amenaza, estigmatización o situación que pueda impactar o poner en riesgo el derecho a la vida, a la integridad y al buen nombre de los demandantes y de quienes apoyan sus causas. Así mismo manifiesta que ha activado todos los protocolos internos para colaborar con las autoridades competentes para que brinden la debida protección a los ciudadanos que lo requieran.

Cerrejón reitera la invitación al diálogo con todos los actores que tengan interés en el desarrollo de La Guajira y sus habitantes y en la construcción de acuerdos que permitan trabajar sobre lo que nos une.